Declaración jurada: el show empezó cuando sonó la campana de la Pepca
Más de un año después de electos, o incluso tras haber dejado el cargo, miles de funcionarios municipales seguían como si nada, sin entregar su declaración jurada de patrimonio. Ni la Constitución, ni la Ley 311-14, ni las resoluciones, ni las circulares parecían importarles. Pero bastó que la Pepca —sí, ese “cuco” que nadie quiere ver ni en sueños— empezara a merodear, para que muchos salieran volando a regularizar su situación.
Más de 1,500 electos... en falta
Según el informe que la Cámara de Cuentas envió a la Procuraduría General de la República el 25 de abril de 2025, 1,591 personas electas y 1,644 que cesaron en sus cargos no entregaron su declaración jurada en el plazo legal.
¿Y eso qué quiere decir? Que, como quien dice, se pasaron la ley por donde no da el sol.
Y eso que la norma es clara: si eres electo, tienes 30 días para declarar. Si saliste, igual: 30 días para dejar constancia de lo que tenías al irte. Pero aquí, algunos llevaban 16 meses en el limbo patrimonial, como si fueran fantasmas institucionales.
El operativo de la vergüenza
El 17 de junio, la Cámara de Cuentas sacó pecho y celebró un “exitoso operativo de declaración jurada”. En su nota de prensa hablaron de “asistencia masiva”. Pero lo que no dijeron fue por qué llegaron todos juntos como si estuvieran regalando combos de comida: habían recibido una cartita, bien formalita, enviada por la Cámara de Cuentas a la procuradora Yeni Berenice y su adjunta de la Pepca, Mirna Ortiz.
Ahí fue que temblaron los palitos.
De repente, lo que no hizo la ley en 16 meses lo logró un sobre con membrete. Porque parece que el miedo al expediente es más efectivo que el amor al deber público.
Las cifras no mienten (aunque incomodan)
A abril de 2025, estos son los números de la vergüenza:
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47 de los 158 alcaldes aún no habían declarado.
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75 vicealcaldes, también en falta.
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572 regidores sin presentar papeles.
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En los distritos municipales, 137 directores, los 235 subdirectores completos y 525 vocales estaban omisos.
Y eso solo del lado de los actuales. Del lado de los salientes, la cosa da hasta pena ajena:
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83 exalcaldes sin cerrar su gestión como manda la ley.
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124 exvicealcaldes, 769 regidores, 129 directores municipales y 539 vocales se fueron como llegaron: sin declarar nada.
Parece que en muchos ayuntamientos, ser electo viene con un kit de “olvídate de rendir cuentas”.
El Congreso tampoco se salva
Y por si pensabas que eso era cosa de pueblos pequeños, mira esto: 36 diputados tampoco entregaron su declaración jurada a tiempo.
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21 del PRM
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6 de la Fuerza del Pueblo
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5 del PLD
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Y algunos más que ni partido declarado tienen.
¿La solución que se propuso? No pagarles el salario. Entonces ahí sí se pusieron creativos.
¿Para qué sirve una ley que no se cumple?
Esa es la pregunta del millón. Si nadie fiscaliza, si no hay consecuencias, si no se publica ni una sola sanción, ni una suspensión, ¿para qué está la Ley 311-14?
Cada cuatro años pasa lo mismo: todos prometen transparencia, y después se desaparecen con los papeles. Y lo más irónico es que el mismo órgano fiscalizador termina organizando operativos tardíos “para motivar el cumplimiento”, como si fuera una feria.
No se trata de que la ley esté mal escrita. Se trata de que no hay voluntad de hacerla cumplir. Y cuando las instituciones no se hacen respetar, los funcionarios hacen lo que les da la gana.
Cuando el miedo hace más que la ley
Al final, quedó demostrado algo claro: no fue el civismo, fue el susto.
Porque en este país, muchas veces, la ley no funciona hasta que se convierte en amenaza. Cuando vieron que el expediente llegaba a manos de la Pepca, entonces aparecieron, como por arte de magia, todos esos funcionarios que tenían 16 meses “en otras cosas”.
Y esa es la realidad más dura: no están cumpliendo por ética, lo están haciendo por miedo.
La declaración jurada es un deber legal, sí, pero sobre todo, es un acto de transparencia con el pueblo. Y si los mismos que legislan y gobiernan se la brincan como si fuera un bache en la calle, entonces no estamos hablando de democracia, sino de relajo.
Mientras no se apliquen sanciones reales, no se publique quién incumple, y no se castigue el descaro institucional, la Ley 311-14 seguirá siendo otro papel mojado en la larga lista de leyes dominicanas que solo funcionan cuando la Pepca entra en escena.
